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Desde que se anunciaron las Elecciones Generales en España para el próximo 23 de julio, el debate sobre nuestra ley electoral se ha reavivado y vuelve a saltar a la palestra la eterna pregunta: ¿es necesario cambiar el sistema electoral español? Se habla mucho de cambiar el sistema electoral, pero ¿por qué cambiarlo?, ¿con qué?, ¿para qué?, ¿qué se hace en otras partes del mundo? Surgen un montón de preguntas, o al menos a mí me surgen, por lo que aquí te presento una guía breve, y espero que clara, para saber de qué hablamos cuando hablamos de reforma electoral.
¿Cómo funciona el sistema electoral español?
En España, hay un régimen general para todo el Estado, regulado a través de la la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), aprobada en el año 1985 y modificada en 2011. Esa es la ley de la que tanto se habla en los medios y que tantos detractores ponen en tela de juicio.
¿Cómo es la ley electoral actual de España?
El Congreso se compone de 350 diputados que representan a 52 circunscripciones o provincias. Según la LOREG, Ceuta y Melilla disponen de un diputado cada una, mientras que el resto de circunscripciones tienen asignados dos diputados como mínimo y el resto se reparten según la población empadronada.
Tal y como está hoy en día la ley electoral, el voto de todas las personas que acuden a las urnas no vale lo mismo en todas las circunscripciones y eso se traduce en que el número de escaños depende de otros factores, como por ejemplo la diferencia de población, no hay el mismo número de votantes en Teruel que en Madrid.
¿Cuál es el sistema electoral que utilizamos en España?
En España se utiliza la llamada ley D'Hondt, un sistema de cálculo proporcional creado a finales del siglo XIX por el jurista belga Victor D'Hondt. Este es el sistema utilizado también en muchos otros países como Chile, Colombia, Paraguay, Bélgica, Bulgaria, Suiza, Polonia, Turquía, Finlandia, Irlanda, Israel y Japón.
¿Cómo funciona la ley D’Hondt?
Según este sistema, en cada circunscripción se excluye antes que nada a las candidaturas que no hayan obtenido, al menos, el 3% de los votos válidos emitidos. El resto de las candidaturas, se ordenan de mayor a menor, en una columna, según el número de votos obtenidos. Luego se divide el número de votos obtenidos por cada candidatura entre 1, 2, 3, etc, según el número de escaños correspondientes a cada circunscripción. Los escaños se atribuyen a las candidaturas que obtengan los cocientes mayores, atendiendo a un orden decreciente.
Imaginemos una provincia, la llamaremos Rosilandia en mi honor, que tiene 4 diputados, por ejemplo, y a la que se han presentado 3 partidos (A, B y C), con los siguientes votos: A 92 000, B 70 000 y C 34 000.
Los votos serían, el resultado de dividir esa cifra en 1, 2, 3 y 4, el número de escaños correspondientes a esa circunscripción:
Formación A 92 000, 46 000, 30 666, 23 000
Formación B 70 000, 35 000, 23 333, 17 500
Formación C 34 000, 17 000, 11 333, 8 500
Los escaños se asignan por orden, según los cocientes, de mayor a menor, así que el primer diputado lo consigue el partido A (92.000), el segundo es para el B (70.000), el tercero es de nuevo para el A (46.000), el cuarto del B (35.000). Mientras, el partido C se ha quedado fuera por muy poco.
¿A quién beneficia este sistema electoral y por qué?
Beneficia a los partidos grandes, y perjudica a los pequeños. Aunque la Constitución habla de "representación proporcional", en realidad es de lo más desproporcionado: ni se ajustan los escaños a los votos, ni se defiende el orden que los votantes otorgan a los partidos, ocurriendo en ocasiones que una formación con menos votos logra obtener más escaños. Muchos no lo consideran un sistema proporcional, sino mayoritario, un sistema que no busca la proporcionalidad sino favorecer la gobernabilidad de los partidos más poderosos.
En los distritos en los que se eligen muchos escaños, el resultado es más proporcional. En las circunscripciones en las que se eligen 3, 4 o 5 escaños, no es así. En España lo que tenemos no es un sistema electoral, sino 52, uno por cada provincia, ya que, en cada una de ellas, se eligen de 1 a 5 diputados. La ciencia política suele estimar que estos últimos tienen efectos "mayoritarios”. Además, el hecho de que se dé a cada provincia un mínimo de dos diputados (uno en el caso de Ceuta y Melilla) hace que las menos pobladas estén sobrerrepresentadas, lo que tampoco ayuda, en opinión de los expertos, a mantener la proporcionalidad. Pero tampoco es tan malo, quiero decir, está bien que las circunscripciones menos pobladas estén representadas, si no, quedaría todo definido en la voluntad de las dos provincias con mayor población, Madrid y Barcelona.
Cojamos la provincia de nuestro ejemplo anterior, Rosilandia, con sus 4 escaños: nuestro sistema distorsiona además la voluntad de voto de los ciudadanos, que prefieren votar una cosa, pero votan otra (voto útil) para evitar que el partido que menos les gusta saque más escaños. Yo, Rosa, habitante de Rosilandia, quiero votar a C, pero es difícil que gane un escaño. Como A me horroriza y tolero más o menos a B, en lugar de votar al C de mi corazón, elijo la papeleta de B aunque con ello esté sacrificando a la formación que prefiero. Eso no es sino una distorsión, no he votado lo que he querido, sino lo que me parece menos malo, porque el sistema castiga a las formaciones más pequeñas y las priva de representatividad. En un sistema totalmente proporcional, votaría al partido que quiero, el C, porque hay más posibilidad de que esté representado. O sea, que en un sistema proporcional, hay menos probabilidades de que el ciudadano se sienta tentado a recurrir al "voto útil".
¿Qué ley electoral hay en otros países?
Está por un lado, el sistema de la Mayoría Relativa utilizado sobre todo en países países angloparlantes, como Reino Unido, Canadá, Irlanda, Nueva Zelanda y Estados Unidos, pero también en Belice, y en países asiáticos y africanos.
En este sistema el candidato ganador es simplemente la persona que obtiene más votos, sin necesidad de llegar a la mayoría absoluta. Esto implicaría que un candidato podría ganar unas elecciones con solo un voto, siempre que los otros partidos no hubiesen obtenido ninguno. Los escaños son proporcionales al número de votos. Por eso es tan probable que se formen dos grandes partidos, y que los ciudadanos acaben apoyando únicamente al candidato de uno u otro partido. En este sistema no suelen tener cabida las formaciones minoritarias, y lo peor, puede gobernar un candidato con muy pocos votos de diferencia con el siguiente.
En otros países, está el Sistema de Doble Ronda, en el que se llevan a cabo dos votaciones, con una o dos semanas de diferencia. Se utiliza en Francia y en aquellos países que fueron sus colonias, como Togo, Mali y en otros lugares como Liberia o Rumanía. Este sistema permite a los votantes tener más de una oportunidad para elegir a sus representantes o cambiar de opinión en la segunda vuelta, una vez que se conocen cuáles van a ser los partidos con suficiente representación. Como contrapartida, no todos los candidatos están presentes en la segunda ronda, por lo que se corre un alto riesgo de abstención, que a su vez se traduce en poca legitimidad y poca representatividad. Además es más caro, algo muy importante en los países con pocos recursos.
La Segunda Vuelta Instantánea, también conocida como sistema de Voto Preferencial o Voto Alternativo es un sistema electoral que sirve para elegir a un único ganador por mayoría absoluta de entre más de dos posibles candidatos. Se trata de un sistema de votación preferencial, en el cual el votante debe indicar con un '1' cuál es su candidato favorito, con un '2' el segundo candidato que prefiere y así sucesivamente. Se utiliza en Australia, República Dominicana y Papúa Nueva Guinea, y también para elegir alcalde en Londres, en Wellington y en muchas ciudades de Estados Unidos como San Francisco, Oakland y Portland.
¿Qué partidos quieren cambiar la ley electoral?
En España las formaciones que quieren cambiar esta ley son los partidos de reciente formación como Ciudadanos y Podemos, o los muy minoritarios. Los que no, pues los que están o han estado recientemente en el poder, como el PP o PSOE, que solo contemplan mínimos cambios a la forma de llevar a cabo los comicios. En resumidas cuentas, quieren la reforma electoral las formaciones a las que la ley D’Hondt perjudica, y que se mantenga el sistema actual, aquellos partidos a los que favorece la ley. Eso da qué pensar, le hace a uno cuestionarse si de verdad nuestros políticos lo que desean es el bien común de todos los ciudadanos o solamente el suyo personal, o peor aún, el bien de su partido, el ganar a toda costa, el satisfacer su ansia de poder. El querer cambiar la ley no solo se da en España, sino que la misma cuestión surge en todos los países demócratas del mundo.
¿Por qué otra ley más justa se podría cambiar?
No existe un sistema perfecto. En mi opinión, y no es precisamente la de una experta, para mejorar nuestro sistema electoral habría que ir hacia un modelo más similar al francés, de doble ronda, que me parece el menos distorsionado, aunque ya hemos visto, y Francia a menudo nos lo ha mostrado, el alto grado de abstención que se da en este sistema. Ahora bien, no nos engañamos si pensamos que una reforma de la ley electoral cambiaría sustancialmente aspectos políticos de nuestra vida diaria. Las reformas que más se necesitan son las relativas a la distribución territorial, a la democracia interna de los partidos y a la información que maneja el electorado, y eso no se consigue solo cambiando el sistema electoral.
Si después de leer todo esto, sigues teniendo dudas sobre los políticos que tenemos, te recomendamos nuestro artículo sobre las locuras de los emperadores romanos. Al final verás como todo lo actual no es tan malo al fin y al cabo.
